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Niñas y niños migrantes, refugiados y solicitantes de asilo requieren de la mayor protección de sus derechos ante el COVID-19

 

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Para las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, EL COVID-19 aumenta las brechas de vulnerabilidad y desigualdad existentes.


La pandemia ocasionada por el COVID-19 está generando diversos desafíos en la salud pública, la economía y el bienestar social, no solamente por los efectos propios de la enfermedad, sino también por las repercusiones negativas de las medidas de contención, en cuanto a la pérdida de empleos, el aumento de la inseguridad y de la violencia, así como el incremento de las afectaciones a la salud mental de la población.

Para las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, estas circunstancias aumentan las brechas de vulnerabilidad y desigualdad existentes, e incrementan los riesgos de ser víctimas de la delincuencia organizada, además de que la restricción y vulneración de derechos como el de la salud, la seguridad social, la educación, el desarrollo integral, entre otros, se ven afectados de manera prolongada.

Adicional a lo anterior, se han debilitado las estructuras del gobierno y las instituciones encargadas de proteger a la niñez y adolescencia en contextos de movilidad humana, por lo que resulta necesario y urgente apoyar de manera directa a esta población a través de recursos educativos y de apoyo psicosocial, con el propósito de fortalecer las habilidades de autocuidado y resiliencia ante esta problemática. Asimismo, se debe dar voz a niñas, niños y adolescentes, buscando incidir en cambios legislativos y de políticas públicas que contribuyan a generar cambios a largo plazo para beneficio de las personas migrantes, refugiadas y solicitante de asilo que se encuentren en nuestro país.

Por una parte, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes carecen de los recursos materiales y humanos para llevar a cabo acciones de detección, protección y restitución de derechos, así como de falta de capacidad y conocimientos para poder tomar decisiones que garanticen el Interés Superior de la Niñez, ante circunstancias que afectan su bienestar, seguridad e integridad física y mental.

En lo que se refiere a la protección internacional, si bien, prevalece la posibilidad de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado en México, los retos para que un mayor número de niñas, niños, adolescentes y familias accedan a ésta son enormes, toda vez que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no cuenta con personal, representaciones estatales y los recursos materiales y financieros necesarios para garantizar este derecho de manera progresiva. Para quienes han tenido la oportunidad de iniciar su trámite, los plazos de resolución se han visto afectados, lo que les coloca en una situación de desprotección ante posibles detenciones y deportaciones.

Finalmente, el Instituto Nacional de Migración ha continuado con la detención y deportación de grupos familiares, argumentando que se cumplen con las medidas de distanciamiento social para evitar el contagio y propagación el coronavirus. Inclusive se ha dado a la tarea de deportar a niñas, niños y adolescentes no acompañados que permanecían en los Centros de Asistencia Social de los DIF, argumentando el cumplimiento al Interés Superior de la Niñez.

 

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DESDE LOS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE

Los derechos de niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana han sido vulnerados durante mucho tiempo, incluso antes de la pandemia del COVID-19.

Las causas de la movilidad son por muchos, conocidas, pero pocas veces comprendidas o recordadas. La migración o, más bien, el desplazamiento forzoso, es causada principalmente por los altos índices de la delincuencia, la persecución, el reclutamiento forzoso y la explotación –que puede ser sexual, laboral, en forma de servidumbre o mendicidad forzada- así como por las distintas formas de violencia, entre las que se encuentran la violencia sexual y de género, que en muchos casos termina en feminicidio.

Asimismo, la pobreza, la marginación, la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, educativas, de bienestar social y de acceso a la satisfacción de las necesidades básicas, son factores determinantes para la migración.

Las niñas, adolescentes y mujeres, además, son objeto de abusos sexuales y forzadas a mantener relaciones con miembros de las pandillas u organizaciones criminales.

En muchas ocasiones, también dentro de los senos familiares niñas, niños y adolescentes sufren abusos y explotación. La desintegración familiar es una constante y las figuras significativas cambian frecuentemente, por lo que no logran desarrollar relaciones afectivas sanas y, por ende, no cuentan con redes familiares o comunitarias de apoyo.

 

LA SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONTEXTOS DE MOVILIDAD HUMANA EN MÉXICO ANTE EL COVID-19

La pandemia del COVID-19 ha empeorado las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que ya enfrentaban niñas, niños y adolescentes en sus países de origen y que se han mantenido y agravado en México.

Por su situación migratoria irregular han sufrido de discriminación, rechazo y violencia por parte de algunas personas y comunidades, pero también de las autoridades e instituciones, quienes les detienen y deportan sin la posibilidad de acceder a la justicia o a la protección internacional y mucho menos a derechos como la identidad, la educación, la salud o el bienestar y la integridad personal.

Las organizaciones criminales también se han aprovechado históricamente de su condición de migrante irregular para hacerles partícipes de la comisión de delitos o para cometer delitos en contra de ellas y ellos como el secuestro, la extorsión, la trata o tráfico de personas, entre otros.

Por si fuera poco, las políticas, medidas de respuesta y prioridades del gobierno no miran las necesidades de protección y de acceso a derechos de las niñas, niños y adolescentes debido a su situación migratoria irregular. Inclusive, dichas medidas de contención de la propagación del virus los invisibilizan aún más.

Por ejemplo, se han impuesto regulaciones a los albergues que atienden a esta población para reducir su capacidad de alojamiento y se han elevado los requisitos de saneamiento que, muchas veces, son imposibles de cumplir debido a que muchos de los albergues operan con donaciones y personal voluntario, estando algunos en peligro de cierre.

Ante estas medidas, las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes que no encuentran espacios de alojamiento disponibles, se ven obligadas a permanecer por largos periodos de tiempo en los espacios públicos con altos riesgos de contagio, debido a que tampoco tienen a la mano los materiales de higiene y protección sanitaria necesaria y también se encuentran en grave peligro de sufrir abusos, explotación y violencia por parte de organizaciones criminales o de personas que se aprovechan de estas circunstancias para obtener ventaja, ya sea a través de favores sexuales o la explotación laboral.  

 

¿QUÉ HACE SAVE THE CHILDREN PARA PROTEGER A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19?

Ante la falta de planeación estratégica y capacidad de respuesta del Estado mexicano para hacer frente a los retos que nos impone la pandemia del COVID-19, particularmente, para incluir en las acciones y políticas públicas de protección a las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, Save the Children, en colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y con el apoyo de Fundación FEMSA, trabaja para que niñas, niños y adolescentes que se encuentran el albergues migrantes de Mexicali y Tijuana, Baja California; Tapachula, Chiapas; Ciudad Juárez, Chihuahua; e Ixtepec, Oaxaca, reciban apoyo psicosocial y materiales educativos, los cuáles son complementados con asesoría y cápsulas informativas, con el propósito de contribuir a evitar o reducción el estrés tóxico, y apoyar a que sus procesos de desarrollo cognitivo y emocional se lleven a cabo de la manera más sana y acompañada posible.

Asimismo, ante posibles situaciones de riesgo que podamos identificar a través de nuestro contacto permanente con las niñas, niños, adolescentes y familias migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, canalizamos ante las autoridades competentes, cualquier indicio de acto u omisión que pueda traducirse en una vulneración de derechos.

 

¿QUÉ FALTA POR HACER?

Las dinámicas que persisten en los albergues se ven muchas veces viciadas por las carencias y la imposibilidad de salir de estos espacios de aislamiento, por lo que los riesgos de que niñas, niños y adolescentes sufran de violencia, maltrato o abuso sexual, son altos, lo que requiere de protocolos o lineamientos de comunicación y canalización entre los responsables de los albergues, las personas albergadas y las autoridades correspondientes.

Sin embargo, los protocolos o lineamientos por sí mismos no son suficientes. El procedimiento de protección y restitución de derechos que debe aplicar la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ante una posible vulneración de derechos es muy claro y cuenta con pasos definidos, pero se requiere de un rol proactivo de la procuraduría para identificar de manera más oportuna estas problemáticas.

En este sentido, se propone que cada determinado tiempo, personal de trabajo social o profesionales en psicología acudan a los espacios en donde normalmente se encuentran niñas, niños y adolescentes en contextos de movilidad humana, para realizar entrevistas y monitoreo que permitan identificar posibles vulneraciones de derechos.

Ahora bien, las acciones de prevención son mucho más importantes, por lo que se requiere de una presencia institucional más cotidiana que brinde información y conocimientos acerca de los derechos de niñas niños y adolescentes, formas de convivencia saludables, la resolución pacífica de conflictos y las responsabilidades penales ante una comisión de delito en contra de niñas, niños y adolescentes, como el abuso sexual, la corrupción de menores o la explotación en cualquiera de sus modalidades.



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